12:00 A.M. 19/03/2013
“Eso es una declaración de guerra; eso es una extorsión”.
Así calificó Henning Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), las medidas de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que recurrió a la Sala IV y al Juzgado Contencioso-Administrativo para tratar de mantener abiertos los Ebáis administrados por ese centro de estudios.
La autoridad universitaria reunió ayer a los empleados de los 45 Ebáis bajo su administración para explicarles que el contrato de operación de esos centros de salud vence el viernes 22 de marzo.
Alegó que sin un documento válido, la UCR no está facultada para brindar servicios públicos que le competen a la Seguridad Social.
Aun así, declinó responderles a unas 150 personas presentes ayer en el auditorio del Centro de Investigaciones en Ciencias del Mar (Cimar), si la situación contractual derivará en la liquidación de los 400 empleados de los Ebáis.
Posteriormente, en declaraciones a La Nación, Jensen explicó que aún podría jugarse “una última carta” hoy, en una reunión prevista para las 9 a. m., con autoridades de la Caja.
El rector detuvo momentáneamente sus explicaciones, mientras ingresó al auditorio un bullicioso grupo del Sindicato de Empleados de la UCR (Sindeu) y de la Federación de Estudiantes (FEUCR), que cantaba: “¡Ni cierre ni despidos... los Ebáis están unidos!”.
Jensen sostuvo que la CCSS incumplió los acuerdos alcanzados el 31 de diciembre pasado, cuando se prorrogó la administración de los Ebáis por tres meses más.
Entre esos acuerdos, figuraba que se le pagara a la UCR el dinero que gasta de más por atender todos los centros de salud.
En un documento que se le entregó a los presentes en el auditorio, la Universidad asegura que el Programa de Atención Integral en Salud (PAIS), bajo el que se administran los Ebáis, arrastra un “déficit cercano a los ¢5.000 millones”.
Según Jensen, ese dinero no ha sido cancelado. El texto agrega que ninguna institución está obligada a preservar relaciones contractuales “ruinosas”.
Según expuso, la Caja paga ¢6.960 millones anuales por los 45 Ebáis, pero aseguró que la proyección universitaria es “mucho superior” a esa cifra.
Aun así, manifestó que la Universidad está en una posición de voluntad y respeto para retomar las negociaciones e invitó a la Caja a adoptar la misma actitud, “por el bien de las comunidades y de los funcionarios”. Colaboró la fotoperiodista Mayela López.
Fuente: nacion.com.
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