200 mil asegurados podrían quedarse sin atención
Comunidades afectadas rechazan caer en manos privadas
Los EBAIS de Montes de Oca y Curridabat; de San Juan, San Diego y
Concepción, de La Unión, podrían cerrar sus puertas el próximo 1° de
abril.
De esta manera, 200 mil asegurados que utilizan estos centros de salud, se quedarían sin atención.
Así lo comunicó ayer Henning Jensen, rector de la UCR, institución que ha administrado dichas unidades desde 1997.
Jensen se reunió con los 400 empleados de los 45 EBAIS para hablarles sobre el posible cierre de los servicios y la liquidación de sus prestaciones. La UCR decidió no continuar más con la administración de los centros por considerar que le deja pérdidas económicas. El anuncio lo hizo desde diciembre pasado, pero a pedido de la Caja dio una prórroga de tres meses, los cuales su cumplen el 31 de marzo, Domingo de Resurrección.
En estos días, la institución aseguradora le volvió a solicitar una nueva prórroga, esta vez del 1° de abril de este año a abril de 2014, pero la Universidad dio un rotundo no porque se le ofrecía el mismo pago de 2012, en lugar de reconocer que la prestación de servicios es más cara.
En una carrera contra el tiempo, la Caja presentó ayer mismo un recurso de amparo y una solicitud de medidas cautelares ante el Tribunal Contencioso Administrativo, ambos contra la UCR.
Con esto pretende que los órganos judiciales ordenen a la Universidad seguir brindando los servicios de salud en dichas comunidades a partir del 1° de abril y les garanticen el derecho a la salud.
Poco antes de la reunión del rector con los empleados, representantes de las comunidades afectadas y del sindicato de empleados de la UCR, realizaron una asamblea frente a la Facultad de Ciencias Sociales para analizar la gravedad de la situación.
La Contraloría General de la República dio luz verde para que la Caja busque otro administrador, mediante una contratación directa.
Trece proveedores de servicios, entre ellos cuatro cooperativas de salud, figuran entre los interesados en asumir la administración.
Pero este proceso no es tan rápido como quisieran, aunque se hizo una audiencia preliminar con las interesadas, el cartel de contratación directa ni siquiera ha salido publicado.
“Si no es la UCR, será la Caja; pero las comunidades no permitiremos caer en manos privadas”, dijo Marcela Zamora de la Junta de Salud de Montes de Oca.
Mañana, los vecinos de las localidades afectadas y empleados de la UCR realizarán una marcha desde el Parque de San Pedro a la Caja, a las 10 a.m. para hacer sentir su posición.
“En este duelo entre las autoridades de la Caja y la UCR los grandes perdedores son las comunidades y los trabajadores. Lo que está en juego es el derecho a la salud de 200 mil personas”, aseguró Rosemary Gómez, secretaria general del Sindeu.
Además le pidió al rector permitir que haya un “paro activo”, es decir, que los estudiantes y empleados puedan suspender clases y labores cada vez que haya una actividad de protesta para acompañar y solidarizarse con los afectados.
De esta manera, 200 mil asegurados que utilizan estos centros de salud, se quedarían sin atención.
Así lo comunicó ayer Henning Jensen, rector de la UCR, institución que ha administrado dichas unidades desde 1997.
Jensen se reunió con los 400 empleados de los 45 EBAIS para hablarles sobre el posible cierre de los servicios y la liquidación de sus prestaciones. La UCR decidió no continuar más con la administración de los centros por considerar que le deja pérdidas económicas. El anuncio lo hizo desde diciembre pasado, pero a pedido de la Caja dio una prórroga de tres meses, los cuales su cumplen el 31 de marzo, Domingo de Resurrección.
En estos días, la institución aseguradora le volvió a solicitar una nueva prórroga, esta vez del 1° de abril de este año a abril de 2014, pero la Universidad dio un rotundo no porque se le ofrecía el mismo pago de 2012, en lugar de reconocer que la prestación de servicios es más cara.
En una carrera contra el tiempo, la Caja presentó ayer mismo un recurso de amparo y una solicitud de medidas cautelares ante el Tribunal Contencioso Administrativo, ambos contra la UCR.
Con esto pretende que los órganos judiciales ordenen a la Universidad seguir brindando los servicios de salud en dichas comunidades a partir del 1° de abril y les garanticen el derecho a la salud.
Poco antes de la reunión del rector con los empleados, representantes de las comunidades afectadas y del sindicato de empleados de la UCR, realizaron una asamblea frente a la Facultad de Ciencias Sociales para analizar la gravedad de la situación.
La Contraloría General de la República dio luz verde para que la Caja busque otro administrador, mediante una contratación directa.
Trece proveedores de servicios, entre ellos cuatro cooperativas de salud, figuran entre los interesados en asumir la administración.
Pero este proceso no es tan rápido como quisieran, aunque se hizo una audiencia preliminar con las interesadas, el cartel de contratación directa ni siquiera ha salido publicado.
“Si no es la UCR, será la Caja; pero las comunidades no permitiremos caer en manos privadas”, dijo Marcela Zamora de la Junta de Salud de Montes de Oca.
Mañana, los vecinos de las localidades afectadas y empleados de la UCR realizarán una marcha desde el Parque de San Pedro a la Caja, a las 10 a.m. para hacer sentir su posición.
“En este duelo entre las autoridades de la Caja y la UCR los grandes perdedores son las comunidades y los trabajadores. Lo que está en juego es el derecho a la salud de 200 mil personas”, aseguró Rosemary Gómez, secretaria general del Sindeu.
Además le pidió al rector permitir que haya un “paro activo”, es decir, que los estudiantes y empleados puedan suspender clases y labores cada vez que haya una actividad de protesta para acompañar y solidarizarse con los afectados.
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