168.000 POBLADORES DE CURRIDABAT, MONTES DE OCA Y LA UNIÓN QUEDARÍAN SIN ATENCIÓN
CCSS intenta que Sala IV y Juzgado Contencioso obliguen a mantener servicio
Universidad rechaza seguir operando centros debido a las pérdidas
En una medida desesperada, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) acudió ayer a la Sala IV y a un Juzgado Contencioso-Administrativo para tratar de evitar el cierre de 45 Ebáis que están bajo la administración de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Dicha acción abre un nuevo capítulo en la novela de dimes y diretes que mantienen ambas instituciones sobre el futuro de estos centros de salud que dan servicio a 168.000 asegurados de Curridabat, Montes de Oca y La Unión.
Para Ileana Balmaceda, presidenta ejecutiva de la CCSS, lo actuado ayer busca garantizar que la población atendida por esos Ebáis siga recibiendo atención mientras logra adjudicar la administración de esos locales.
No obstante, para Henning Jensen, rector de la UCR, las medidas judiciales significan “una declaración de guerra”.
Cuestión de dinero. El punto central de discordia sigue siendo el tema financiero.
La UCR alega que la administración de los 45 Ebáis deja pérdidas, pues aunque la Caja le paga mensualmente ¢568 millones, el gasto total asciende a ¢725 millones.
Esa diferencia de ¢157 millones mensuales es la causante de un diferendo que comenzó a agudizarse a finales del noviembre, cuando solo restaba un mes para que venciera el contrato vigente con el que funciona el Programa de Atención Integral en Salud (PAIS), mediante el que se administran los Ebáis del este de San José.
El convenio UCR-CCSS inició en marzo del 1997. El último contrato venció el 31 de diciembre, pero se firmó una adenda hasta el 31 de marzo. Pese a esa fecha, los servicios de la UCR llegarían, a lo sumo, hasta el día 27 (Miércoles Santo).
Mal ambiente. El recurso de amparo y la demanda en sede contenciosa-administrativa fueron gestionados ayer por la propia Balmaceda.
La oficina de prensa de la Sala Constitucional confirmó a este diario la recepción del recurso, el cual quedó a la espera de ser admitido o o rechazado por los magistrados.
En el Juzgado Contencioso Administrativo la Caja solicita como medida provisional que la UCR no pueda abandonar los Ebáis hasta que otro proveedor asuma su atención.
Ayer, por la tarde, mientras las autoridades de la Caja explicaban a los medios de comunicación estas acciones legales, el rector Henning Jensen se reunía en la UCR con unos 150 de los 400 funcionarios que quedarán desempleados cuando la UCR deje los Ebáis.
En el recinto, además de hacer la comparación con el llamado a “guerra”, Jensen fue enfático en decir que “mas allá del viernes la UCR no está facultada legalmente para ofrecer los servicios”.
En medio de su discurso, representantes del Sindicato de Empleados de la UCR (Sindeu) exigieron al rector repensar el tema, mientras otros coreaban “¡Ni cierre ni despidos... los Ebáis están unidos!”.
Jensen aseguró que la contratación que la Caja quiere hacer con nuevos proveedores, implica para estos últimos “¢2.000 millones más de los que le paga actualmente a la Universidad”.
Minutos antes, en la Oficinas Centrales de la Caja, ubicadas en San José, el gerente financiero, Gustavo Picado, afirmaba que ese dato no era correcto.
Para hoy. En los últimos tres meses, la Caja y la UCR no han logrado un consenso en las negociaciones.
La semana pasada fracasó un intento de reunión. Jensen anunció anoche que hoy a las 9 a. m. habría una reunión con la Caja, pero no supo precisar el lugar. Afirmó, eso sí, que sería el último intento de llegar a un acuerdo.
Independientemente de esa reunión, el Sindeu, vecinos cantonales y funcionarios de los Ebáis tienen programada una manifestación a la misma hora en el parque de San Pedro de Montes de Oca.
Colaboró la periodista Vanessa Loaiza.
Fuente: nacion.com.
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