Las consecuencias de las privatizaciones y los ajustes aprobados por las administraciones gobernadas por los populares
22.08.2013 | 00:00
María Luisa Carcedo Diputada del PSOE en el Congreso La reciente publicación del «Barómetro sanitario» correspondiente al 2012, que refleja un descenso en la satisfacción de los ciudadanos con los servicios sanitarios, viene a sumarse a los datos aportados por el Observatorio de los Servicios Públicos (AEVAL-CIS), que recoge un empeoramiento en la satisfacción de los ciudadanos en sanidad, educación, servicios sociales y transportes, en las encuestas realizadas en el mismo año. Y este descenso tiene especial significado por lo que supone de cambio de tendencia, si tenemos en cuenta que los datos registrados en el CIS revelan una creciente satisfacción desde el año 1994. Desde 1995 el porcentaje de satisfechos se situó en el conjunto de España por encima del 50%, hasta alcanzar cerca del 70% en 2011.
Para valorar lo que realmente está sucediendo con los servicios públicos en general y la sanidad en particular, es necesario poner estos datos en relación con la opinión de los ciudadanos sobre la situación de la sanidad pública, en respuesta espontánea a los asuntos que más les preocupan.
Para valorar lo que realmente está sucediendo con los servicios públicos en general y la sanidad en particular, es necesario poner estos datos en relación con la opinión de los ciudadanos sobre la situación de la sanidad pública, en respuesta espontánea a los asuntos que más les preocupan.
En concreto, la sanidad, ha pasado en tan sólo dos años a duplicar el porcentaje de respuestas como preocupación para los españoles, subiendo como primer problema del 3,7% de las respuestas en 2011 a suponer el 7,9 en 2013. Lo que significa que este descenso en la satisfacción corre paralelo al aumento de la preocupación de los ciudadanos por la sanidad pública.
Conviene recordar aquí la mayoría de los ciudadanos considera que la salud es el principal determinante del bienestar (9,5/10) y entre el 70% y el 80% de los españoles otorgan a los servicios sanitarios la máxima importancia (10/10) como garantes para lograrlo. Esto explica el aumento de la preocupación de los ciudadanos ante los recortes, copagos, privatizaciones y restricciones en el acceso puestos en marcha en este año y medio por el actual Gobierno del Partido Popular.
Esta preocupación tiene reflejo también en la actitud de los ciudadanos ante los recortes en los presupuestos sanitarios. Al igual que en la educación y las pensiones, más del 95% de los españoles son contrarios a cualquier recorte en los presupuestos destinados a la sanidad pública. En concreto, en la encuesta del 2012, un 98% se manifiesta contrario a los recortes en los presupuestos sanitarios.
No obstante, el Gobierno de España está adoptando medidas que suponen cambios drásticos en un modelo considerado satisfactorio por los ciudadanos de los que un porcentaje importante considera que precisa mejoras y más recursos. Pero, aprovechando la actual crisis, se han perpetrado recortes presupuestarios y cambios de modelo que alteran los aspectos mejor valorados por los ciudadanos.
Cabría pensar si estas decisiones están fundamentadas en la imposibilidad de mantener estos servicios con el nivel de cobertura y de calidad que conocemos. Para ello tenemos que comparar nuestro gasto sanitario con los países de la OCDE y de la UE, la calidad de los servicios prestados y la accesibilidad de los ciudadanos a su uso.
Según el último informe de la OCDE sobre España, referido al ejercicio 2011, se encuentra por debajo de la media en gasto sanitario tanto en porcentaje de PIB como gasto por persona y se encuentra a la cola de los países de la UE-15. En cambio, según Eurostat era en 2011 el país de la UE más accesible. En concreto, sólo el 0,2% de los ciudadanos en el 20% de ingresos más bajos, reconocía de falta de atención médica por razones económicas frente al 3,1 de la media europea. Y como dato de la calidad de los servicios, se pueden tomar como referencia los trasplantes, un servicio de la máxima exigencia tecnológica, en formación de los profesionales y en capacidad de coordinación, en el que España está a la cabeza del mundo. Aunque se pueden tomar otros como mortalidad infantil, cobertura de vacunaciones, etcétera.
Con este escenario, asistimos a decisiones que atacan la accesibilidad, eliminado el derecho de como ciudadano residente en España por el de titular o beneficiario según relación con la Seguridad Social (organismo que no participa en la financiación de la sanidad, es 100% Presupuestos Generales del Estado), lo que supone la exclusión de colectivos vulnerables como inmigrantes o los que conllevan riesgo de dualización en el sistema como las personas de rentas superiores a 100.000 euros anuales y sin relación con la Seguridad Social. Decisiones de copago farmacéutico, cuyo impacto en el control de gasto es mínimo pero con conocidas consecuencias dificultando el acceso de las personas con menores rentas.
A estas medidas de carácter estructural en el sistema, se añaden los recortes en el presupuesto, que en dos años ha descendido en más de 9.300 millones de euros, pasando de 67.689 millones de gasto sanitario público total consolidado del 2011 y un gasto por habitante de 1.434 euros por habitante a 58.384 del 2013, con un gasto por habitante de 1.250 euros y dejando, además, sin cobertura sanitaria a colectivos sin recursos económicos.
La razón con la que el PP justifica estas medidas es el equilibrio fiscal y la insostenibilidad del gasto sanitario. Pero el equilibrio fiscal es una ecuación entre ingresos y gastos y la sostenibilidad tiene que ver con las prioridades políticas del modelo económico y social, es decir, qué recursos de la sociedad son públicos y cómo los distribuimos. En el caso de la sanidad, las preferencias de los ciudadanos por el sistema público son contundentes.
Pero vayamos a la ecuación presupuestaria. Ya hemos analizado los gastos sanitarios en comparación con los de otros países, la calidad de los servicios y su accesibilidad. Ahora veamos los ingresos. Según los informes de Eurostat, el fraude fiscal en España es de entorno a 70.000 millones de euros (más de lo que cuesta toda la sanidad pública). El reciente informe de la Agencia Tributaria revela que la cotización efectiva de las grandes empresas se situó en el 3,5% frente al 30% teórico gracias a beneficios fiscales. Por esta vía, han dejado de ingresarse casi 22.500 millones de euros, lo que supone casi el 40% del gasto sanitario público del 2013.
Y, lógicamente, en esta ecuación no se cuantifican los beneficios en cohesión social, ni el papel de fomento de la actividad económica ni el empleo del sector sanitario ni tampoco su papel en el equilibrio territorial.
Estos datos nos permiten concluir que las medidas adoptadas por el Partido Popular desde el Gobierno de España y las Cortes Generales responden a una alternativa ideológica de modelo de sociedad. Y que es concordante con decisiones en comunidades autónomas como Madrid o Valencia, inmersas en una carrera desenfrenada de desmontaje de los servicios públicos de salud con privatizaciones de hospitales y centros de salud, concesiones administrativas en gestión de áreas sanitarias, modificación de la planificación en áreas sanitarias, etcétera que suponen un desmantelamiento planificado del tan querido Sistema Nacional de Salud.
Todas estas medidas están socavando los indicadores que hicieron del Sistema Nacional de Salud uno de los mejores del mundo, según la OMS. De momento, el más sensible, que es la satisfacción de los ciudadanos, ya enciende las luces de alarma.
Fuente:La Nueva España.
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