Una denuncia interpuesta ante la Auditoría General de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la Contraloría General de la República (CGR), de la cual tiene copiacrhoy.com, plantea las supuestas irregularidades cometidas por la institución en el proceso de adjudicación de los EBAIS de San Pedro de Montes de Oca y otros lugares del país.
La CCSS abrió una contratación directa (2013CD-000061-05101) para adquirir servicios médicos en el primer nivel de atención de salud para las áreas de Montes de Oca, San Juan, San Diego, Concepción de Cartago, y Curridabat y, de acuerdo con la denuncia, existirían elementos irregulares en el proceso de análisis administrativo y técnico.
Entre las irregularidades que señala el documento se indica que los mecanismos de evaluación no estaban contemplados en el cartel. “La Caja inventó un mecanismo de evaluación técnica de las ofertas posterior a la apertura, incumpliendo con lo establecido en el artículo 45 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa”, dice la denuncia.
Indica además una supuesta violación al Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, ya que la metodología “inventada” sería contraria al artículo 80 del reglamento de esta ley, destacando que se favoreció a la Universidad de Iberoamérica (UNIBE).
“La metodología inventada fue tendiente a favorecer la oferta de UNIBE que obtuvo el 100%, a pesar de las omisiones graves en su oferta, que perjudicaron a los dos oferentes más calificados”, dice la denuncia textualmente.
Agregan que se ignoró un criterio de admisibilidad, puesto que, el análisis técnico obvió por completo el criterio de admisibilidad establecido en el cartel que tiene que ver con la experiencia del oferente e introdujo tres elementos nuevos como criterios indispensables para la elegibilidad que no estaban contenidos en el mismo cartel.
La denuncia manifiesta que se realizó un análisis técnico sospechoso debido a que se asigna el máximo puntaje a la oferta de la Universidad en ítems “que ni siquiera coincidían con ningún numeral del cartel”.
Los denunciantes insisten que faltó autoacreditar la experiencia, y señalan que una abogada del Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Caja, concluyó que podía certificar la experiencia indicando que la Universidad recibió a satisfacción los servicios del Hospital UNIBE (consorcio) dado que el cartel no indicaba que la experiencia debía ser certificada por un tercero.
Además, afirman que la información sobre la solvencia financiera se solicitó tarde. “Luego de que los análisis técnicos y de precio recomiendan la adjudicación, la CCSS solicita información de estados financieros para determinar la solvencia económica de la empresa, cuando esto debía hacerse en primer lugar, como requisito de idoneidad del oferente según el artículo 52 del reglamento de la ley de Contratación Administrativa, puesto que la Administración corre el riesgo de haber derrochado recursos en el proceso y que el oferente no pueda cumplir de acuerdo con las razones financieras exigidas”.
Además, de señalar irregularidades en el cartel afirman que el análisis de razonabilidad de precios es “inconsistente”, esto porque hay diferencias técnicas, ya que hace una comparación de ofertas operadas directamente por la Caja que son muy distintas al objeto de contratación en términos de población, equipamiento, infraestructura y logística.
“El análisis se fundamente en un ejercicio comparativo de mano de obra a partir de salarios mínimos que no corresponden con la realidad del mercado laboral y más bien estarían muy por debajo de salarios de médicos, microbiólogos, ATAP, directores médicos y educadores físicos”, relata.
También aseguran que la UNIBE estaba morosa con el Fondo de Asignaciones Familiares (FODESAF) a la fecha de apertura del cartel y que a pesar de estar morosa presentaron una declaración jurada donde indicaba que estaba al día con los pagos del seguro social.
Otro de los puntos señalados es un supuesto incumplimiento de la Universidad en los salarios mínimos de los médicos generales. Y además, que no contempla el costo de sus partidas ineludibles como reservas legales para aguinaldos, cesantías y preavisos.
Destacan que el presupuesto presentado es insuficiente para dar mantenimiento a cada EBAIS e insisten en que se improvisó en la oferta la cual “es desordenada, posee incoherencias técnicas y financieras”.
La denuncia va un poco más allá e indica que la Caja convenció a la Contraloría de que era un procedimiento de emergencia por lo cual se hizo de forma abreviada.
“Se interpreta que el único objetivo de la CCSS es adjudicar una oferta ruinosa pensando en que se va a ahorrar 2,487 millones de colones al año, sin contemplar la calidad y continuidad de los servicios de salud”, dice una de las conclusiones de la denuncia.
Intentamos conocer la opinión de la UNIBE, sin embargo luego de dejar mensajes a la encargada de prensa y solicitar una entrevista no obtuvimos respuesta.
La CGR indicó que ellos debían establecer que había probatoria de malos usos de recursos públicos, y que aunque se trató de probar no se logró con las pruebas que presentaron, por lo que debieron archivar la denuncia.
“Para efectos de la normativa no daba para abrir un proceso por un tema de competencia y de soporte probatorio, en el caso del tema laboral esta fuera de nuestro alcance eso lo deben canalizar a través del Ministerio de Trabajo o los canales correspondientes. Hay un conjunto de hechos, pero no tiene una probatoria de que eso pueda conducir a un mal uso de recursos propios”, explicó la vocera Mariela Azofeifa.
De la dirección de comunicación de la CCSS indicaron que “en este momento la institución apenas está en el proceso y éste no se ha terminado, se ha efectuado de manera transparente y apegado a la Ley de Contratación Administrativa y siempre con el ojo vigilante de la Contraloría”.
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